La quita ‘erga omnes’ a las comunidades autónomas anunciada por el presidente Sánchez no es un mero apunte contable de 83.252 millones de euros, tampoco una simple reasignación de pasivos entre regiones y gobierno central. Supone una media de condonación del 19,33% para las comunidades de régimen común, que entrañará un quebranto para el gobierno central al reducir de forma sustancial su capacidad recaudatoria. La situación se agravará cuando los pactos de investidura de Sánchez (PSOE-ERC y PSOE-Junts) e Illa (PSC-ERC) relativos a la financiación singular se traduzcan en textos legales. Estipulan la cesión del 100% de los tributos (PSOE-Junts) y la asunción del 20% de la deuda catalana con el Estado (PSOE-ERC), hoy valorada en 17.104 millones, sin olvidar otros 1.550 millones en ahorro de intereses. El pacto PSC-ERC cede a Cataluña la plena soberanía fiscal en capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos generados en Cataluña. Asimismo, establece que las inversiones públicas del Estado en esa comunidad autónoma se ajusten al peso de su economía en el PIB nominal español, un 19% en la actualidad. Dado que la UE negocia con los Estados, y no con las regiones, es legítimo preguntarse si será Cataluña quien ingrese al Presupuesto de la UE la cuota-parte del 0,3% del IVA generado en Cataluña que hasta ahora realizaba España.
A lo anterior cabe añadir el principio de ordinalidad que contiene el pacto PSC-ERC, cuyo coste para las autonomías perjudicadas ha estimado Fedea en 4.800-6.100 millones.
Reza así: ordenadas las comunidades en sus contribuciones fiscales, en escala de mayor a menor, deben mantener invariable ese mismo orden tanto en la escala de lo que contribuyen como en la de lo que reciben. Es decir que, en cuanto receptoras, no pueden recibir menos de lo que reciba aquella comunidad que se encuentre inmediatamente después en la escala de comunidades autónomas contribuidoras. Aunque es políticamente legítimo, como principio económico despide un aroma reaccionario al establecer que quien más contribuye, normalmente las comunidades más ricas, no pueda recibir menos que la siguiente en el orden de comunidades contribuidoras. Estamos ante un utilitarismo atrincherado, una especie de thatcherismo solapado del tipo I want my money back. Thatcherismo que el argumento de las balanzas fiscales es incapaz de justificar porque éstas sólo recogen una parte, y no la más importante, de las transferencias financieras, económicas y de rentas interregionales. La UE nunca ha aplicado este principio en la distribución de fondos estructurales entre Estados miembros.
Por otra parte, la aportación a la solidaridad de la Generalitat con las demás comunidades está condicionada a que éstas realicen un esfuerzo fiscal similar al realizado por aquélla, lo que contradice el soberanismo fiscal que instituye el pacto PSC-ERC. Es incomprensible que la Generalitat lo propugne para sí pero lo rechace para las demás autonomías al convertirlo en imperialismo fiscal entrometiéndose en las competencias fiscales de las demás comunidades. La juridificación de lo referido en los párrafos anteriores dañará la credibilidad fiscal del gobierno y la calificación crediticia de riesgo país para España a medio plazo, con el consiguiente coste asimétrico entre distintas comunidades autónomas.
Daño a la deuda soberana
Como es sabido, éstas se financian mediante transferencias del gobierno central, impuestos privativos, y emisiones de deuda subsoberana. Cuando no tienen acceso a los mercados, o corren riesgo de impago –como el que se evitó in extremis en plena vorágine independentista, gracias a la reunión de emergencia entre Junqueras y De Guindos en el aeropuerto de El Prat–, se pueden financiar
con créditos del Fondo de Liquidez Autonómica y del Fondo de Facilidad Financiera. El gobierno central, mediante emisiones de deuda soberana, allega recursos para dotar dichos fondos. Si la quita erga omnes prospera, estos créditos y deudas desaparecerán como pasivos para las comunidades, pero pasarán de ser activos contingentes a pasivos del gobierno central, lo que dañará la calidad de la deuda soberana en esa magnitud. En cuanto a la condonación de intereses, supondrá un lucro cesante para el gobierno central, cuyo coste fiscal y financiero se redistribuirá de forma asimétrica entre todas las autonomías. En el ámbito fiscal, el gobierno central tendrá que corregir ese lucro cesante bien mediante una mayor presión fiscal, bien mediante menores inversiones públicas, bien con emisiones adicionales de deuda. Aunque habría que analizarlo caso por caso, el coste de estas medidas debería recaer en mayor proporción sobre las autonomías que hayan gestionado mejor sus finanzas, y afronten menores pagos por intereses; mientras que aquellas con mayor stock de deuda subsoberana (Andalucía, Cataluña, Valencia, Madrid) deberían salir más beneficiadas. Además, esta asimetría fiscal entre autonomías se exacerbará, a favor de Cataluña, porque los pactos de investidura PSOE-Junts y PSC-ERC ceden soberanía fiscal plena a Cataluña e impiden que la inversión pública en Cataluña sea inferior al peso de su economía en el PIB nacional. En su vertiente financiera, la condonación de deuda autonómica y sus intereses consiguientes no afectará a la ratio de deuda soberana, puesto que la deuda condonada forma parte del stock de deuda viva de las Administraciones Públicas. Pero su aplicación reflejará el fracaso del Estado en su gestión y cambiará su papel como garante latente de la deuda subsoberana convirtiéndolo en garante explícito. El azar moral que introducirá esta quita ‘erga omnes’ no sólo aumentará el coste de tomar prestado para España sino que creará incentivos para que, en el futuro, las autonomías se comporten de forma imprudente en materia fiscal y financiera. Asimismo, tendrá un impacto financiero negativo y asimétrico porque al comprimir el riesgo intrínseco –el de cada comunidad valorada de forma autónoma– mejorará artificialmente el balance de aquellas en peor situación; mientras que deteriorará el riesgo sistémico del soberano, que afecta a todas las autonomías por igual. A corto plazo, el impacto negativo sobre el rating soberano se verá mitigado por factores de contexto económico como el actual crecimiento robusto, la mejora relativa en la consolidación fiscal, etc. A medio plazo, sin embargo, una quita ‘erga omnes’ reducirá la credibilidad fiscal del Gobierno y repercutirá negativamente en la capacidad de financiación del Estado.
Durante la eurocrisis, las agencias de rating lo rebajaron substancialmente para España; después todos los países de la zona euro recuperaron la calificación crediticia menos Portugal y España, que presentan curvas de evolución temporal del rating con pendientes ligeramente positivas o casi planas; España, en particular, debido al lastre de los riesgos políticos asociados al secesionismo.
La relajación cuantitativa del BCE ha contribuido a reducir sustancialmente los costes de financiación, pero la incertidumbre que planea sobre la posibilidad de que los pactos de investidura PSOE Junts, PSOE-ERC, y PSC-ERC tenga fuerza de ley pesa como una losa sobre el rating.
La calificación crediticia de Moody’s para España, como las de S&P y Fitch, apenas ha mejorado durante el gobierno de Sánchez (Baa1 estable, 2018; Baa1 positivo, 2024); pero lo más grave es que Moody’s asigne hoy una mejor calificación a países que estaban por detrás como Eslovenia (2017) y Portugal (2023). La normalización monetaria del BCE ha llegado, pero la normalización política y financiera de España ni está ni se la espera en tanto continúe enquistada la cuestión separatista y el aire de corrupción que circunda a Sánchez le haga barbear las tablas.
Manuel Sanchis i Marco Fue economista de la Comisión Europea y profesor de Economía Aplicada la Universidad de Valencia.
Miembro de Sociedad Civil Valenciana. Su libro más reciente es ‘The Poverty of Economics’ (Springer, 2024)
Artículo publicado originariamente en Expansión el 02 de septiembre de 2025