Los errores que provocaron la catastrófica riada del 29 de octubre de 2024 no son ni mucho menos recientes; sino que representan décadas de problemas de gestión territorial, de dejación de funciones por parte de las distintas administraciones e instituciones que han permitido la construcción en zonas inundables y la urbanización en áreas cercanas a los cauces de los ríos a cambio de importantes beneficios económicos.
Sin embargo, el daño ya está hecho y ahora es necesario buscar soluciones. Soluciones que en realidad existen desde hace tiempo, pero no se han aplicado debido a decisiones políticas. España cuenta con técnicos altamente capacitados que conocen las respuestas para evitar estos problemas. De hecho, estas soluciones ya habían sido planteadas porque ha habido planes de construcción para protegernos de las riadas, los cuales nunca se han llegado a materializar por razones políticas, pues lo que al parecer no existe en España son gestores capacitados para decidir algo sensato en este sentido que pueda paliar en un futuro las graves consecuencias derivadas de una mala planificación territorial.
¿Qué más debe suceder para que se priorice la seguridad y se asignen recursos a la infraestructura necesaria?
Es en este punto donde la sociedad civil en su conjunto debe alzar la voz. No basta con lamentar las pérdidas tras cada desastre. Debemos exigir que se materialice un pacto nacional para ejecutar un plan serio a largo plazo de estricto y obligado cumplimiento, que trascienda los ciclos políticos y se implemente con rigor.
Debemos ser los guardianes de este compromiso, impulsando una agenda que ponga la seguridad de la ciudadanía por encima de cualquier interés político circunstancial. Exigir una gestión responsable y sensata de nuestro territorio es un deber de todos.
El futuro no puede depender únicamente de decisiones políticas cortoplacistas, sino de una visión integral, apoyada por expertos y respaldada por una sociedad unida que no permita que el desastre se convierta en la norma.